Normativas
El cumplimiento de la normativa obligatoria no solo es un requerimiento legal, sino un elemento clave para garantizar entornos laborales seguros, eficientes y sostenibles. Estas normativas regulan la relación entre empleadores y trabajadores, estableciendo derechos y obligaciones que promueven la equidad y reducen riesgos.
Desde la empresa Vertical&Horizontal, ofrecemos las normativas necesarias para cada cliente, según las particularidades de su sector, asegurando un enfoque ajustado y eficaz.
Brindamos asesoramiento especializado para facilitar el cumplimiento normativo y fortalecer una gestión laboral responsable y alineada con las mejores prácticas empresariales.
¿Para qué sirven las Normativas?
Las normativas sirven para garantizar un entorno de trabajo justo, seguro y legal, estableciendo un marco que protege los derechos de los trabajadores y define las obligaciones de las empresas. Su función es asegurar condiciones dignas de empleo, evitar abusos, fomentar la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación. Al mismo tiempo, ofrecen a las organizaciones reglas claras para gestionar sus relaciones laborales, minimizar riesgos legales y promover buenas prácticas. En conjunto, estas normativas contribuyen a crear ambientes laborales más equilibrados, eficientes y sostenibles, donde el respeto, la equidad y la productividad pueden convivir.
Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de riesgos en el entorno laboral. Incluye medidas como la formación de empleados, vigilancia de la salud, cumplimiento de estándares de seguridad y la responsabilidad conjunta de empleadores y empleados para fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable.
Sanciones entre 40€ y 819.780€
Registro diario de la jornada
El registro diario de la jornada laboral es obligatorio para todas las empresas en España. Desde 2025, debe hacerse con herramientas digitales que cumplan con el RGPD y permitan acceso en tiempo real a las autoridades. Los registros, detallados y conservados por al menos 4 años, buscan garantizar transparencia y proteger derechos laborales, con sanciones severas por incumplimientos.
Sanciones entre 751€ y 187.515€
garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual
La normativa laboral sobre igualdad sexual en España, regulada por la Ley Orgánica 3/2007 y el Real Decreto 902/2020, obliga a las empresas con 50 o más empleados a implementar planes de igualdad, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, prevenir el acoso sexual y por razón de género, y promover la conciliación laboral y familiar.
Sanciones entre 626€ y 6.250€
Canal de Denuncias
Las empresas con 50 o más trabajadores están obligadas a implementar un canal interno de denuncias. Este canal debe garantizar la confidencialidad y el anonimato del denunciante, permitir comunicaciones orales o escritas sobre infracciones normativas, fraudes o irregularidades, y estar accesible tanto para empleados como para terceros vinculados a la empresa (proveedores, clientes, etc.).
Sanciones entre 1.000€ y 300.000€
Sistema APPCC
El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) es una herramienta preventiva y sistemática cuyo propósito es garantizar la seguridad alimentaria a lo largo de todas las etapas de la cadena de producción, desde la obtención de materias primas hasta la entrega del producto final al consumidor. Su aplicación permite identificar, evaluar y controlar peligros físicos, químicos y biológicos que puedan comprometer la inocuidad de los alimentos, asegurando así el cumplimiento de la normativa higiénico/sanitaria vigente y contribuyendo de forma eficaz a la protección de la salud pública.
Sanciones entre 3.000€ y 600.000€
Alérgenos
El Reglamento (UE) 1169/2011 obliga a todos los operadores alimentarios a informar de manera clara sobre la presencia de alérgenos en los productos que elaboran, envasan o sirven. Esta normativa protege a los consumidores con alergias o intolerancias alimentarias.
Dicha información puede facilitarse mediante el etiquetado en productos envasados, o a través de cartas, pizarras o fichas informativas en establecimientos de restauración.
Sanciones entre 3.000€ y 600.00€